Compraventa de inmuebles

La labor más "convencional" del abogado es hacer una diligencia completa para comprobar todos los aspectos jurídicos (y técnicos) relativos al inmueble. Su situación registral, sus cargas y gravámenes, el estado constructivo, la estabilidad de la construcción, la situación urbanística, etc. Cuando se va a realizar la venta de un bien inmueble, el letrado ha de conducir las acciones de sus clientes para que la adquisición se lleve a cabo con total seguridad jurídica. Sin embargo, en este sentido, podemos encontrarnos con situaciones que intenten vulnerar la ley, bien por desconocimiento o con ánimo de delinquir. El cometido del abogado debe ser en todo momento de guía para así no vulnerar la legalidad.

Tal como decíamos al comienzo de este artículo, la llamada a un bufete por parte del comprador suele ser a posteriori. Cuando por ejemplo se desea hacer una reclamación por vicios constructivos, que vulneran el Código Técnico de Edificación. Cuando ello sucede, suele tratarse de problemas que afectan a la habitabilidad, seguridad o funcionalidad de la vivienda o local. Como muchos abogados habrán vivido, en estas circunstancias, y tras comunicar a los responsables la queja -por ejemplo por burofax desde el bufete-,  estos intentan disuadir al cliente. Es ahí cuando entra en juego el informe pericial, con el que (siempre que se respeten los plazos de garantía, que suelen ser de 3 años), las posibilidades de éxito en el proceso judicial si lo hubiese, serán muy elevadas.

 

Arrendamientos y leasing inmobiliario

 

En el arrendamiento de un inmueble pueden surgir diversas situaciones que conlleven la labor de un abogado especializado en derecho inmobiliario. Veamos una posible situación. Reclamaciones de rentas y otros incumplimientos derivados del contrato de arrendamiento. O, un caso más particular: cuando una vivienda que tiene varios propietarios, queriendo unos alquilarla y otros no. No se suele saber que el arriendo es válido si lo firma aunque sea uno de los copropietarios. Incluso aunque no conste que este está actuando en nombre de la comunidad. Asimismo, recordando aquí al Tribunal Supremo, cualquiera de los propietarios de la finca puede instar un desahucio o dar por finalizado el arriendo.


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