SANCIONES ESTADO DE ALARMA CORONAVIRUS

 

¿Cuáles son las sanciones que podrían imponerme en caso de incumplir las medidas?

El incumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno conllevará una sanción que, conforme al artículo 20 de dicho Real Decreto, deberá será dictada con arreglo a las leyes. Todas las sanciones tienen que dictarse conforme a estrictos criterios de lLegalidad y no se puede caer en ningún tipo de abuso, desproporción o arbitrariedad.

Las sanciones pueden ser tanto penales como administrativas.

En el ámbito penal, no existe un delito específico que se encuentre regulado acerca del incumplimiento de las medidas adoptadas en estado de alarma, sin embargo, dicho incumplimiento podría denotar una gravedad tal que pudiera considerarse como un delito de resistencia o desobediencia, previsto en el artículo 556 del Código Penal. Dicho artículo señala que los que, sin estar comprendidos en el artículo 550 –delitos de atentado-, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, en ejercicio de sus funciones, se le impondrá la pena de 3 meses de prisión a 1 año o multa de 6 a 18 meses.

Hay que señalar que el simple hecho de salir de casa y transitar por las calles, si no es por alguna de las causas previstas en el artículo 7 del Real Decreto, constituye una actividad de desobediencia a la autoridad que, por sí misma, ya constituye una actividad ilegal.

Si dicha desobediencia se viera acompañada de una negativa a identificarse ante la autoridad policial junto a agravantes como huir, incluso resistirse de manera violenta, ocasionaría la comisión de un delito de desobediencia o resistencia grave o muy grave a la autoridad.

¿Qué puede ocurrir si los hechos no tienen relevancia penal?

Si los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser considerados un delito, sino una simple desobediencia o resistencia leve, serán considerados infracciones graves a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana, la comúnmente denominada Ley Mordaza, vigente al día de hoy.

Dichas conductas pueden materializarse en la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, acarreando multas de entre 601 y 30.000 euros, constituyendo así sanciones que incluso podrían ser mucho más graves que las multas impuestas en la vía penal.

¿Cómo puedo recurrir las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana durante el Coronavirus?

Las sanciones por incumplir las medidas impuestas ante la crisis del coronavirus, como pueden ser el salir de casa sin justificación y ante el requerimiento de identificación por parte la policía negarnos; o salir a pasear al perro acompañado, e incluso transportarse en vehículo privado más de dos personas, son infracciones consideradas graves, cuya tramitación se lleva ante los órganos contencioso-administrativos.

Una vez que el agente de la policía nos requiera cierta conducta y no la cumplamos, o nos resistiésemos a ella, el mismo recogerá nuestros datos de identificación y procederá a iniciar el procedimiento administrativo contra nosotros por infracción grave de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en relación con la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, y el Real Decreto de 14 de marzo de 2020 por el que se declara el Estado de Alarma.

Debido a que se trata de sanciones administrativas, se pueden presentar alegaciones ante la autoridad que impuso dicha multa en el plazo de 15 días desde que se te notifica la sanción. Durante este periodo debes pagar la multa. Si las alegaciones son denegadas, se podría presentar posteriormente un recurso ante la misma autoridad. Si dicho recurso también es denegado, podríamos recurrir la multa judicialmente en un procedimiento contencioso-administrativo, en el cual, de otorgar la razón al recurrente, le devolverían el dinero de la multa.

¿Y si no pago la multa?

Si bien, la Ley señala que una sanción prescribe a los 2 años contados desde el día siguiente al que tuviera firmeza administrativa mediante resolución firme la sanción, no recomendamos en ningún caso dejar de pagar la misma, ya que, generalmente, en caso de impago se realizan recargos de apremio que suelen agravar sustancialmente el monto de la multa.

 


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